La Ley 13/2001Este enlace se abrirá en una ventana nueva, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León, ha venido a suponer no solo una regulación de la atención farmacéutica tradicional que se dispensa a través de las oficinas de farmacia, sino que pretende, desde una perspectiva más amplia la regulación integradora de los diferentes sectores que protagonizan la distribución y dispensación de medicamentos y productos sanitarios.

En dicha ley en su capitulo Cuarto del Titulo II, se prevé el establecimiento de un Registro de establecimientos y servicios de atención farmacéutica, que incorpore la información necesaria para una adecuada elaboración y aplicación de las políticas sanitarias en materia de ordenación farmacéutica.

Así mismo el Decreto 12/2011, de 17 de marzo, viene a regular entre otros aspectos la planificación y el procedimiento de autorización de las oficinas de farmacia, siendo fundamental para llevar a cabo una buena planificación farmacéutica y realizar las convocatorias de oficinas de farmacia necesarias tener registradas las oficinas existentes.

Este registro tiene carácter público, obligatorio y gratuito, respetando en todo caso lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992 de 29 de Octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal y normas de desarrollo.

La inscripción en el registro se efectúa de oficio una vez concedida la autorización de funcionamiento, no suponiendo ningún trámite adicional.

Por orden de la Consejería de Sanidad se regulan las características, organización y funcionamiento del citado Registro, señalándose como información básica, la siguiente:

  1. Número de Registro.

  2. Tipo de Establecimiento.

  3. Dirección: Calle, Localidad, Provincia, Código Postal.

  4. Titularidad del Centro.

A cada establecimiento o servicio que acceda al Registro, se le asignará un código que estará formado por los siguientes dígitos: Código de provincia- Código del establecimiento o servicio- Número ordinal correlativo.

Los datos contenidos en la información básica prevista en el artículo anterior serán públicos y estarán a disposición de todos los ciudadanos, si bien el derecho de acceso, consulta u obtención de certificados estará a lo dispuesto a tal efecto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.