Los derechos de consulta y participación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia de prevención de riesgos laborales han sido objeto de regulación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 34 y 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por el Decreto 143/2000, de 29 de junio, de adaptación de la legislación a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, remitiéndose en todo lo no regulado expresamente a la normativa legal y convencional que resulte de aplicación, en especial, la Ley 31/1995 precitada y el Pacto sobre derechos de participación y representación de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.

El citado Decreto 143/2000 establece que en cada provincia existirá un Comité único de Seguridad y Salud. No obstante admite, con carácter excepcional, en los casos en que la complejidad de la estructura organizativa y el tipo de actividad así lo aconsejen, la constitución, mediante Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, de Comités de Seguridad y Salud de ámbito distinto.

El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por los representantes de la Administración Sanitaria en el ámbito de cada Área de Salud, en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Los Delegados de Prevención serándesignados por las Organizaciones Sindicales presentes en cada uno de los órganos de representación unitarios del Área de Salud (Juntas de Personal y Comités de Empresa), en forma proporcional a la audiencia obtenida en cada uno de dichos órganos, de entre los representantes del personal, unitarios o sindicales.